Unidad 3: Visión de la movilidad urbana

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio a conocer que propondrá al Congreso de la Ciudad de México reformas a la Ley de Movilidad y al Reglamento de Tránsito para la regulación de las nuevas unidades de movilidad, como motocicletas y scooters eléctricos, cuyo objetivo es garantizar una movilidad segura, cuidar a las y los usuarios de estos transportes, poner orden en el tránsito y proteger el medio ambiente.

Puntualizó que si bien la movilidad es un derecho es también importante diferenciar cada transporte en las normas,, por lo que destacó la relevancia de establecer líneas específicas para los nuevos esquemas de movilidad a fin de garantizar la convivencia en los traslados.

Informó que en el tercer trimestre de 2024 se reportaron 19 mil 207 accidentes de tránsito, que representó una disminución de 10.6 por ciento respecto al periodo anterior, además de que en dicho lapso se registraron 106 fallecimientos por accidente de tránsito, de los cuales 49 por ciento fueron de usuarios de motocicletas. Esta cifra, dijo, pone a la cabeza a los usuarios de ese transporte, en comparación con otros, como ciclistas, conductores, pasajeros o peatones.

Refirió que en materia de lesiones por accidentes de tránsito, los motociclistas también encabezan la cifra con 43 por ciento.

En esta capital existen 750 mil 722 motocicletas de combustión interna, pero también se han incrementado las motocicletas eléctricas, que han tenido un gran auge en algunas zonas de la ciudad, por lo que, señaló, con las modificaciones a la ley se busca garantizar la seguridad vial, el orden en el tránsito y la protección del medio ambiente.

Definió a las motocicletas eléctricas como un vehículo con una velocidad de desplazamiento mayor a 25 kilómetros por hora, que utiliza un manubrio para conducción, que tiene una o dos plazas y también una o dos ruedas. Éstas deberán sujetarse a las normas generales para la circulación de vehículos, igual que un coche o motocicleta de combustión.

Estos vehículos no podrán circular por ciclovías o por carriles confinados; no podrán desplazarse sobre las banquetas ni en cualquier otra zona confinada; deberán portar placa, tarjeta de circulación, casco, ir con las luces encendidas y las demás reglas que aplican para las motocicletas de combustión interna.

Otra modificación planteada es sobre los permisos para circular expedidos por otra entidad federativa o municipio, que debe ser como para las motocicletas de combustión interna: tendrán que registrarse ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, con lo que habrá un mejor control de los vehículos que se desplazan en ésta.

Añadió que en el caso de patines y scooters se les considera como vehículos no motorizados y deberán ajustarse a los reglamentos establecidos para este tipo de vehículos.

La Jefa del Gobierno precisó que un vehículo no motorizado es aquel que utiliza la tracción humana, pedaleo asistido o que cuenta con un motor eléctrico con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Como lo dice el artículo 14, deben avanzar en donde existan ciclovías, deben indicar sus cambios de carril por señales; estos vehículos tienen preferencia sobre los motorizados. En caso de estar en calles, donde no haya infraestructura ciclista, se podrá utilizar, preferentemente el carril derecho.

Reglamento de Tránsito vigente: “la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 9º fracción 23 y 23 BIS, a fin de que también el artículo 64 y 137 puedan homologar justamente el concepto de motocicleta eléctrica, para que se tenga una lógica puntual (…) sobre las cuestiones de la velocidad de desplazamiento, así como la lógica que formalmente comprende las dos plazas, o una o dos ruedas formalmente, y que se va a puntualizar en ese sentido”.

A lo largo de los años el gobierno de la ciudad de México a implementado diversas estrategias y políticas públicas que buscan beneficiar la movilidad. Pero ¿Si logran su objetivo?

Hablemos de tres regulaciones que han cambiado en cierto modo la forma de movernos por la ciudad.

Crear una política pública no es solo una decisión del gobierno, sino un proceso estructurado que implica análisis, evidencia, actores, legislación y evaluación. A nivel urbano (como CDMX), este proceso se articula principalmente a través de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), pero sigue el marco general de creación de políticas públicas en México.